Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Jaén (MPJ), durante una importante conferencia de prensa, explicaron los argumentos legales sobre la posesión del terreno de más de 11 hectáreas donde se construirá el nuevo “Parque de La Familia”, en beneficio de miles de habitantes de nuestra ciudad.
 
El asesor legal de la comuna, Cristian Tenorio Tapia, detalló que, en el año 2012, el municipio compró un terreno de más de 11 hectáreas ubicado entre los sectores San Isidro – El Pongo, “pactando con el propietario de ese entonces por un monto de 2 millones 200 mil soles”.
 
“Desde que hay un contrato el propietario es la municipalidad de Jaén, un contrato se perfecciona cuando hay voluntad de las partes, y tenemos el contrato de compra - venta elevado a escritura pública, donde en su cláusula séptima dice que si se le pagaba la primera cuota de 500 mil soles al dueño se entregaba el terreno, hubo voluntad de entregar el terreno, pero pasaron muchos años y nadie (exfuncionarios) quiso tomar posesión porque las papas quemaban”, declaró el letrado.
 
La comuna, según el abogado, pagó más de medio millón de soles como señala el contrato, pues canceló un millón 700 mil soles, es decir más del 50% del monto total, y por ende se debió entregar el terreno.
 
“Faltaba pagar medio millón de soles, sin embargo, se escuchó que había problemas en esa compra, por lo que en el año 2015 se interpuso una denuncia de colusión agravada donde se indicaba que la compra había sido sobrevalorada”, afirmó Tenorio.
 
El Ministerio Público realizó una pericia y señala que ese terreno costaba menos de un millón de soles, “entonces no podemos pagar la diferencia, porque pagar implica que a las resultas de un proceso penal, si hubiera condenados, resulta que el que paga el exceso también va a ser condenado, porque la Fiscalía dice que cuesta menos de un millón de soles según su tasación y se pagó de más, entonces no se puede cometer el error de pagar más dinero, tenemos que esperar que ese proceso penal concluya”.
 
El funcionario aseguró que el equipo que viene tomando acciones sobre el terreno del Parque de La Familia no tiene ninguna rencilla contra el expropietario del inmueble, pues solo están cumpliendo una función pública y en este caso el deber es cautelar un bien público, porque se pagó con dinero público “que sale de nuestros impuestos”.
 
“Ese terreno es de Jaén y estará al servicio de toda la población, sin embargo, entendemos la postura del que fue propietario, pero nosotros estamos haciendo lo correcto y si nos denuncian vamos a defendernos legalmente con la misma convicción”, alegó.
 
Tenorio dijo que la posición que ejerce el equipo de funcionarios es en virtud de la propiedad legítima que se tiene como municipio, por lo que rechazó que se esté invadiendo, desalojando o cometiendo algún acto arbitrario, pues lo que se escucha en otros medios solo es para generar zozobra y confundir a la población.
 
PROCESOS
Existen procesos legales en curso que incluso ponen en juego la libertad de aquellos que negociaron dicho contrato de compra – venta en el 2012.
 
Al respecto, la procuradora pública, Lupe Guadalupe Malca, señaló que hay dos procesos judiciales pendientes en este tema del Parque de la Familia.
 
“Hay un proceso penal en Anticorrupción, por lo cual ya hay un requerimiento mixto, donde la Fiscalía ya está acusando en la modalidad de colusión agravada a funcionarios de la gestión del exalcalde de Jaén, Gilmer Fernández, teniendo un informe actualizado donde manifiesta que habría un perjuicio económico de más de 700 mil soles y un perjuicio potencial de medio millón de soles”, resaltó la abogada.
 
En este sentido, la funcionaria aseguró que el municipio actuó con total transparencia en emitir informes legales y técnicos para tomar posesión de dicho terreno.
 
Además, explicó que también hay un proceso en el Primer Juzgado civil. “Ese proceso nosotros, en el 2019, lo suspendimos informándole al juez que ya había un proceso en Anticorrupción y que teníamos que suspenderlo porque el expropietario nos llevó a una conciliación, pretendiendo que se le pague el medio millón de soles por la diferencia de la compra, más un millón de soles por indemnización y otro millón de soles por actualización de costos de terrenos a la fecha actual”, refirió.
 
Asimismo, manifestó que bajo todas estas bases legales el equipo de funcionarios realizó esta mañana varias actividades en el terreno, pero se tuvieron que suspender porque el expropietario, aparentemente, contrató los servicios de sujetos de dudosa procedencia que ponían en riesgo la integridad física de los ediles.
 
Finalmente, un grupo de vecinos de la zona se expresaron a favor de los intereses de su municipio y pidieron a las autoridades judiciales resolver inmediatamente los procesos, puesto que demandan urgentemente espacios recreativos para sus menores hijos.